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La UE cree que el Reino Unido ha «fracasado» en abordar las importaciones chinas infravaloradas

El Tribunal de Justicia de la UE está dispuesto a imponer una multa enorme al Reino Unido después de que descubrió que fue negligente al hacer cumplir las obligaciones antifraude de la UE e introducir el valor correcto de los derechos de aduana y el IVA.

Una investigación judicial dictaminó que el Reino Unido «no cumplió» con las leyes pertinentes de la UE, lo que provocó una avalancha de importaciones de calzado y textiles chinos infravalorados y fraudulentos.

Las fallas registradas por el Reino Unido datan de 2011 a 2017, cuando el Reino Unido era miembro de la UE.

En una sentencia judicial, la Gran Sala del Tribunal de Justicia dijo que el Reino Unido «no aplicó medidas efectivas de control aduanero ni anotó los importes correctos de los derechos de aduana en las cuentas» con respecto a determinadas importaciones procedentes de China, y que no proporcionó la información necesaria para el cálculo del impuesto y los recursos propios.

Un desbordamiento de textiles y calzado chinos subestimados

Una queja presentada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2017, que motivó la decisión, decía que el Reino Unido no había seguido sus recomendaciones para reducir la cantidad de productos infravalorados de China que se vendían en el mercado europeo.

La OLAF introdujo una herramienta de evaluación de riesgos después de pedir a los estados miembros de la UE en 2007, 2009 y 2015 que comenzaran a monitorear las importaciones y realizar controles aduaneros en productos textiles y calzado de China por parte de empresas ficticias. Sin embargo, la OLAF dijo que el Reino Unido estaba realizando controles inadecuados y liberando productos al mercado sin realizar los controles aduaneros adecuados, lo que resultó en que algunos derechos de aduana no se recaudaran o no se pusieran a disposición de la Comisión Europea.

Para cubrir la pérdida de la UE, la comisión exigió un pago de casi 2.700 millones de euros al gobierno del Reino Unido, una cantidad que fue rechazada por el tribunal debido a inconsistencias, y se pidió a los funcionarios de la UE que recalcularan las pérdidas.

El Reino Unido no tendrá derecho a apelar el veredicto final, pero puede impugnar la comisión sobre cuánto dinero se debe pagar una vez que se revise la factura.

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